México

Estado: Ley o decreto aprobado a nivel nacional

Es el primer mecanismo de protección regido por ley en las Américas (Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 25 junio 2012). Depende de la Secretaría de Gobernación, aunque su ejecución final depende en buena parte de los convenios suscritos con los Gobiernos estatales, dado que se trata de una federación. Las organizaciones de la sociedad civil (periodistas y DDH) participan en la Junta de Gobierno del mecanismo con cuatro representantes.

Tanto la Ley como los otros documentos han sido objeto de amplia consulta y han contado con la participación activa de las organizaciones de DDH.

Las organizaciones de la sociedad civil han realizado sucesivas valoraciones del mecanismo, siendo el último en el 2015, se realizó el Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas (Espacio OSC: 2015, 61). En este último documento se planteaba que la implementación del mecanismo seguía siendo poco efectiva, y se señalaba falta de voluntad política por parte de las instituciones del Estado, cuya actuación continuaba siendo deficiente a todos los niveles (federal, estatal y municipal). En 2019, a petición del Mecanismo Federal, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos realizó un Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, cuyas recomendaciones están siendo tenidas en cuenta para los procesos de mejora del Mecanismo. En 2019 la Subdirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación aceptó la iniciativa planteada por sociedad civil (desde el Espacio OSC) para iniciar la construcción de un Sistema Nacional de Protección. En 2021, tras varios períodos de inactividad, este proceso de construcción se ha retomado.

 

En cuanto a la implementación en todo el país, se reconocía la firma de convenios de cooperación con las 32 entidades federativas. Sin embargo, estos convenios no eran ni son vinculantes y el Gobierno Federal no cuenta con herramientas para exigir su cumplimiento, lo que posibilita que las autoridades locales a veces dejen de lado las instrucciones provistas por el mecanismo.

A fines de 2020 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un decreto de reforma de la Ley de 2012, que será discutido en 2021 en el Senado, antes de ser aprobada.

Varios estados de la Federación han creado sus propios mecanismos de protección (dieciséis, a fecha de junio de 2021

Actualizado: 06/2021

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