Brasil

Estado: Ley o decreto aprobada a nivel nacional (o subnacional)

Brasil cuenta con una política de protección de las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH). Sin embargo, la situación de las personas DDH en el país sigue siendo preocupante, ya que Brasil es uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos.

Tras la administración del presidente Bolsonaro, que empeoró las estructuras gubernamentales de protección de los derechos humanos en Brasil, la elección del presidente Lula da Silva en 2022 trajo consigo avances significativos en la protección de los derechos humanos, en particular la protección de la Amazonia, los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay violaciones sistémicas de los derechos humanos que el gobierno no ha abordado, como el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Brasil tiene una de las políticas nacionales de protección de las personas DDH más antiguas del mundo. La primera política se introdujo en 2004, en respuesta a la presión ejercida por la sociedad civil y los movimientos organizados. A pesar de ello, el número de asesinatos y criminalización de personas DDH en el país es alarmante. Según GlobalWitness, Brasil es uno de los tres países con mayor número de ataques contra personas DDH de la tierra y el medio ambiente en los últimos 10 años. Los pueblos indígenas y quilomba y los miembros de otras comunidades tradicionales son los defensores que corren más peligro en Brasil. La violencia contra las personas DDH en Brasil se utiliza para intimidar, neutralizar y eliminar a las personas DDH individuales y colectivas. Preocupantemente, la impunidad prevalece en la mayoría de los casos.

La Política Nacional de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, introducida en 2004, fue aprobada por el Decreto no. 6.004/2007 en 2007 y es la política nacional de Brasil para la protección de las personas DDH, cuyo objetivo es proteger a las personas DDH, comunicadores y defensores del medio ambiente en situación de riesgo. Esta política incluye una definición amplia de las personas DDH y reconoce la necesidad del reconocimiento del valor de las personas DDH. Según el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, la política nacional será reestructurada en 2024, y para ello ha solicitado la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, que serán incluidas en el órgano asesor de la PPDDH.

La política nacional se complementa con el mecanismo para la protección de las personas DDH, que fue creado por el mismo decreto que estableció la Política Nacional para la Protección de las Personas DDH en 2007. En 2019, el Decreto no. 9.937/2019 estableció la inclusión de los comunicadores sociales y defensores ambientales en el programa de protección, que ahora se denomina Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Ambientalistas (Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas – PPDDH). Este programa es competencia del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) y lo aplican los distintos estados federales. [1] Las organizaciones de la sociedad civil forman parte del consejo de administración de los programas estatales. En la actualidad, hay 12 estados brasileños que cuentan con programas de protección para personas DDH: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. Dos de los requisitos para solicitar la protección del PPDDH son representar a un colectivo y ser reconocido por otras instituciones de defensa de los derechos humanos.

En 2023, el gobierno de Lula da Silva envió al Congreso el Acuerdo de Escazú, que establece la obligación positiva de cada Estado Parte de garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y de reconocer, proteger y promover sus derechos. El Congreso brasileño aún no ha ratificado el tratado.

A pesar de toda la legislación para proteger a las personas DDH, Brasil sigue siendo una zona de alto riesgo para las personas DDH debido a la falta de una implementación efectiva. El PPDDH también ha sido criticado por su falta de transparencia, falta de participación de la sociedad civil y falta de visibilidad entre las personas DDH.

 La situación de las personas DDH en Brasil es supervisada por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. La actual titular del mandato, Mary Lawlor, visitó Brasil en abril de 2024. En sus observaciones preliminares sobre la visita oficial, observó que “las personas DDH se encuentran bajo una amenaza extrema en Brasil” y que el gobierno federal no les ha proporcionado hasta ahora una mejor protección ni ha abordado las causas fundamentales de los riesgos a los que se enfrentan, que enumeró como la demarcación y la titulación de tierras. En cuanto al actual Programa Nacional de Protección de las personas DDH, Lawlor advirtió de que debía reformarse y ampliarse radicalmente para alcanzar sus objetivos, y elogió el inicio del proceso de reforma del PPDDH.

A nivel regional, la situación de las personas DDH en Brasil es objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y más concretamente a través de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, que analizó la situación de las personas DDH en el informe nacional de Brasil de 2021.

Brasil también es objeto de seguimiento a través del Examen Periódico Universal. El país fue examinado por última vez en 2022. Varias comunicaciones de partes interesadas denunciaron un deterioro de la situación de las personas DDH, incluyendo ataques promovidos por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través de discursos y manifestaciones públicas. Muchas comunicaciones señalaron que el programa para la protección de personas DDH, Comunicadores Sociales y Defensores del Medio Ambiente ha visto una disminución gradual de su presupuesto. Reforzar la protección efectiva de las personas DDH fue también una recomendación de la que se hicieron eco varios Estados Miembros. Brasil apoyó todas estas recomendaciones. Muchas de las preguntas y preocupaciones planteadas con antelación a Brasil en relación con las personas DDH, en particular los defensores del medio ambiente, siguen sin respuesta.

CIVICUS calificó a Brasil como “obstruido”, lo que significa que el espacio cívico está muy disputado por los detentadores del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. El índice Freedom House califica a Brasil de “libre”. Sin embargo, preocupa el uso ilegal de la fuerza física, los abusos policiales y la corrupción gubernamental.

PI tiene una presencia permanente en Brasil. Puede obtener más información sobre el trabajo de PI en Brasil aquí.

[1] El gobierno de Brasil es una república democrática representativa federal. En términos de política pública sobre personas DDH, esto significa que primero se introduce una ley a nivel federal, y luego es adoptada por separado por los gobiernos estatales, que son los responsables de implementar la ley en su estado.  Si existe una política local en vigor en un estado concreto, el/la DDH puede presentar la solicitud directamente al equipo local. Sin embargo, si el solicitante se encuentra en un estado que no tiene su propia política, deberá ponerse en contacto directamente con el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. En esta situación, el equipo federal se encargará del seguimiento del caso.

[Actualizado el 04/07/2024]

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