Colombia

Estado: Ley o decreto aprobado a nivel nacional

Colombia es el primer país que ha adoptado una política pública para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). En 1997, el 26 de diciembre, se adoptó una ley nacional. Sin embargo, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante, ya que el país sigue siendo el que registra el mayor número de asesinatos de personas defensoras, seguido de México y Brasil.

El 26 de diciembre de 1997, Colombia introdujo la Ley 418 de protección a personas en riesgo. Esta ley es el primer documento que crea un mecanismo de protección aplicable a las personas defensoras de los derechos humanos. También es el de mayor envergadura y presupuesto, aunque hay que tener en cuenta que el programa de protección abarca también a otros grupos, como los miembros de las autoridades locales y los ex presidentes. En 2015, cubrió a unos 1.810 personas defensoras y gastó 23 millones de dólares sólo en guardaespaldas y vehículos.

Desde entonces se han introducido muchos otros decretos y programas. Eso incluye por ejemplo el Decreto 4065 de 2011 por el que se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Decreto 4912 de 2011 que organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades, o la Resolución 845 de 2018 por la que se crea el Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos Humanos. Los desarrollos más recientes incluyen la introducción del Conpes 4063 de 2021 y el Plan de emergencia para la protección de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de acuerdos de paz. Aquí encontrarás un resumen más detallado de las leyes y decretos.

Colombia también ratificó el acuerdo de Escazú en 2022, que es un documento internacional vinculante que protege el derecho universal a la participación en asuntos medioambientales. Para las personas defensoras de los derechos humanos, reviste especial importancia por su Artículo 9, que obliga a los Estados firmantes a contribuir a crear un entorno propicio para las personas defensoras de los derechos humanos y a desarrollar medidas eficaces para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.

Como todos los países del mundo, Colombia es objeto de seguimiento por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que realizó su última visita al país en 2018. Colombia es objeto de un estrecho seguimiento a través de numerosos informes temáticos publicados por la Relatora Especial, que pueden consultarse aquí. A nivel regional, Colombia es objeto de seguimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha publicado un informe sobre la protección de las personas defensoras colombianas en 2019, así como su Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones formuladas tras visita de trabajo a Colombia en junio de 2021, llevada a cabo para observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales durante el paro nacional.

así como su Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones formuladas tras visita de trabajo a Colombia en junio de 2021, llevada a cabo para observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales durante el paro nacional.

Colombia es igualmente objeto de seguimiento a través del Examen Periódico Universal (EPU). El último informe nacional del EPU sobre Colombia se publicó en 2018 y menciona numerosos avances relativos a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, como el desarrollo de mecanismos de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.

Todos los informes siguen expresando su preocupación por el considerable número de asesinatos y represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos. El monitor 2022 de CIVICUS clasifica a Colombia como “reprimida”, lo que significa que el espacio cívico está “significativamente restringido“. El Índice de Democracia de Freedom House califica a Colombia de “parcialmente libre“. Ambos monitores señalan una violencia continua y generalizada contra las personas defensoras de los derechos humanos en el país.

Actualizado en 01/2023