Paraguay

Estado: debate público o con sociedad civil

En Paraguay no existe ninguna ley o política para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). Sin embargo, se está debatiendo un proyecto de ley que será presentado al Senado por algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos (senadores) el próximo abril/mayo de 2023. Mientras tanto, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Paraguay sigue siendo preocupante.

El 16 de noviembre de 2016 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre “Libertad de expresión, protección de periodistas, trabajadores de prensa y personas defensoras de derechos humanos”. En 2017, la Cámara de Diputados recibió la aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara -entre otras-, así como un informe negativo de la Comisión de Legislación y Codificación. Tras una pausa en el proceso, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) ha retomado el proyecto y presentará el anteproyecto de ley en marzo de 2023. Protection International ha realizado aportaciones a este proyecto de ley y seguirá contribuyendo al proceso.

Paraguay es monitoreado por la Relatora Especial de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos. La Relatora Especial no ha visitado Paraguay hasta el momento, pero ha solicitado visitar el país. Paraguay no se menciona en los últimos informes anuales publicados por el Relator Especial. Sin embargo, se han publicado varias comunicaciones relativas a Paraguay, incluida la más reciente (2019) en la que se insta a Paraguay a ratificar el Acuerdo de Escazú. A nivel regional, Paraguay se encuentra dentro del mandato de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana. Lamentablemente, ningún informe reciente incluye información sobre Paraguay.

Paraguay es examinado a través del Examen Periódico Universal (EPU). En el último informe de 2021, el Estado menciona el desarrollo de un “protocolo para la seguridad de periodistas de alto riesgo“, adoptado en 2017 (par. 39). El Estado también menciona el Programa de Protección de Testigos introducido en 2011, que incluye la asistencia a periodistas en situación de riesgo (par. 41). Por último, el Estado enumera que el “análisis legislativo del proyecto de ley sobre la libertad de expresión y la protección de los y las periodistas, otros trabajadores de la prensa y las personas defensoras de los derechos humanos está en curso” (par. 43). En el informe publicado por el grupo de trabajo, se expresa preocupación por la “corrupción, intimidación y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos” (par. 38). Paraguay recibió 19 recomendaciones relativas a las personas defensoras de los derechos humanos, incluida una para promulgar una ley sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (118.82). Todas las recomendaciones fueron apoyadas, excepto las relativas a la ratificación del acuerdo de Escazú, que el Estado se limitó a señalar (par. 118.3, 118.4, 118.5). En el informe nacional antes mencionado, el Estado dice que la ratificación de este acuerdo está siendo “considerada” (par. 42).

El monitor CIVICUS ha clasificado a Paraguay como “obstruido”, lo que significa que “el espacio cívico está fuertemente disputado por los y las detentadores del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales“. Los motivos de preocupación incluyen casos de asesinato, criminalización y desalojo de personas defensoras de los derechos humanos. Freedom House no dispone de datos sobre el espacio cívico en Paraguay.

Actualizado el 22/02/23

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