Guatemala

Estado: proceso o política abandonados

Hasta la fecha, Guatemala no cuenta con una política pública promulgada para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). A pesar de varios llamamientos de la sociedad civil y una orden emitida por la Corte Interamericana en 2014 para instalar dicha política, el gobierno guatemalteco no ha tomado ninguna acción hacia este objetivo. Mientras tanto, la situación de las personas defensoras en Guatemala sigue siendo alarmante y los ataques contra las personas defensoras están aumentando (UDEFUEGA, 2020; UDEFUEGA, 2021).

La sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de los Derechos Humanos y otros contra Guatemala ordenó a Guatemala crear medidas de protección para las personas defensoras. Aunque el Gobierno ha expresado su voluntad de desarrollar una política en 2018 de protección de las personas defensoras, estas promesas se han traducido hasta hoy en poco acción concreta. Las organizaciones de la sociedad civil han seguido pidiendo al gobierno de Guatemala mentre una carte pública que dé seguimiento a la orden de la Corte Interamericana y que desarrolle una política de protección para las personas defensoras.

El Gobierno guatemalteco inició el proceso de elaboración en 2018, que incluyó mesas de discusión entre diferentes instituciones del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre los aspectos a incluir en la política pública. El primer borrador, que recogía los insumos del proceso y estaba destinado a ser llevado para consulta a territorios fuera de la capital, desapareció a la llegada del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en enero de 2020. La institución que lideró el proceso, Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), fue disuelta a mediados de ese mismo año y la entidad designada para asumir las responsabilidades de la COPREDEH, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) no ha tenido ni la capacidad ni el respaldo político para dar continuidad a la formulación de la política pública. No ha habido señales de movimientos significativos en el proyecto desde 2019.

Guatemala es supervisada por el Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Su última visita al país se realizó en 2009 y en ella se constató la extrema violencia contra los personas defensoras de los derechos humanos. Los informes anuales (como el de 2020 o el de 2021) señalan que continúan los ataques y la estigmatización de las personas defensoras de los derechos humanos, así como los ataques, las represalias y la intimidación contra jueces y fiscales.

Guatemala también es supervisada por el Examen Periódico Universal (EPU). El último informe de 2017 destacó la necesidad de contar con más personal capacitado para la protección de las personas defensoras. También señaló el desarrollo de entidades como la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos (creado por el Acuerdo Ministerial No. 103-2008) y la División de Protección de Personas y de Seguridad. Estas medidas, y en especial la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos, son sin embargo muy criticadas por organisaciones de la sociedad civil y no se consideran políticas efectivas de protección para las personas defensoras. Además, Guatemala apoyó varios recomendaciones de desarrollar una política de protección para las personas defensoras. En el último informe de 2022, el Estado de Guatemala pinta un panorama exclusivamente positivo de la situación y protección de los/as DDHs, pero las contribuciones de la sociedad civil a este proceso muestran un deterioro de la situación de las personas defensoras de derechos humanos.

Guatemala está calificada como “obstruida” por el monitor 2022 de CIVICUS, lo que significa que el espacio cívico está “fuertemente disputado por los titulares del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales”. Guatemala no ha sido calificada por el Índice de Democracia de Freedom House. Las preocupaciones en torno a Guatemala incluyen el continuo acoso y la criminalización de las personas defensoras, así como las recientes reformas de las leyes de las ONG (Amnistía Internacional, 2020; FIDH, 2020).

Actualizado el 08/02/2023