Guatemala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2014 del caso del defensor de Derechos Humanos y otros. Vs Guatemala, se impuso al Estado guatemalteco la creación de un mecanismo de protección para las personas defensoras de Derechos Humanos en el país.

Anteriormente, en el 2004 se había creado la Unidad Coordinadora de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales. En el 2008 pasó a convertirse en Departamento por medio del Acuerdo Interno 85-2008 de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). De hecho, ninguna de estas estructuras llegó a estar plenamente operativa. En 2008, se creó (mediante el Acuerdo Ministerial No. 103-2008) la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos: esta Instancia tenía por objetivo el analizar los patrones de ataques contra DDH en el país. En el 2016 se firma un convenio interinstitucional que mantuvo la Instancia en marcha dos años más sin contar con un marco normativo vigente. En 2018, el gobierno renovó una vez más la Instancia de Análisis por otros 4 años. Aunque la Instancia ha permitido, como foro, debatir cuestiones de protección entre gobierno y sociedad civil, varias organizaciones de ésta han abandonado su participación en la Instancia en varias ocasiones, como protesta por su falta de operatividad.

En el Acuerdo 061 del 2012 se crea la Dirección de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, administradores y operadores de justicia, periodistas y comunicadores sociales responsable de la planificación, organización y coordinación de medidas de protección. Sin embargo, no se tiene conocimiento si llegó a funcionar.

El 3 de abril de 2018 se presentó el documento base aprobado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Este mismo será la base de la consulta a nivel local, por consiguiente, no se trata de un documento final, pero si el punto de partida de la política pública en materia de protección de personas DDH.

Actualizado: 02/2020

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