Burkina Faso

Burkina Faso, adoptó una ley en 2017 sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH o personas defensoras). Sin embargo, esta ley quedó sin efecto por un golpe de Estado y el establecimiento de una junta militar[1] en 2022. Este cambio de poder pone en peligro a las personas defensoras.

El proyecto de ley sobre la protección de las personas defensoras fue iniciado por el gobierno del ex presidente Blaise Compaoré. La Ley N° 039-2017 fue adoptada por la Asamblea Nacional el 27 de junio de 2017.  La ley establece las normas de protección de los defensores de los derechos humanos en Burkina Faso y determina las responsabilidades del Estado. A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, la ley no proporciona protección específica para las defensoras de los derechos humanos (ISHR, 2017).

El gobierno elegido democráticamente fue derrocado por una junta militar en enero de 2022. Tras el golpe, Burkina Faso fue suspendido de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de los órganos de decisión de la Unión Africana. El 1 de marzo de 2022, una conferencia nacional autorizó a la junta gobernante a mantener el poder durante tres años para organizar elecciones.

La suspensión de la CEDEAO y de la Unión Africana significa que, desde 2022, Burkina Faso no está incluida en el mandato del Relator Especial de la Unión Africana sobre los Defensores de los Derechos Humanos en África. Antes de estos hechos, la oficina no publicó ningún informe o comunicado de prensa sobre Burkina Faso.

Burkina Faso sigue estando incluida en el mandato del Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, pero el relator actual o los anteriores aún no han visitado el país. Un informe publicado por el Relator Especial relativo a las “Observaciones sobre las comunicaciones transmitidas a los gobiernos y las respuestas recibidas” afirma que las comunicaciones enviadas a Burkina Faso sobre el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y la toma de rehenes no obtuvieron respuesta del gobierno de Burkina. En este informe, la oficina del Relator Especial reiteró su preocupación por las restricciones impuestas a los periodistas y defensores de los derechos humanos.

El Civicus Monitor 2022 clasifica a Burkina Faso como “obstruido“, lo que significa que “el espacio cívico está muy disputado por los titulares del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales”. El Índice de Democracia de Freedom House califica a Burkina Faso como “parcialmente libre“, pero no tiene en cuenta el golpe de Estado de 2022. Antes del golpe, el principal riesgo para la seguridad de los defensores de los derechos humanos parecía provenir de la violencia de los grupos armados.


[1] Una junta militar es un grupo de oficiales militares que gobiernan el país tras tomar el poder.

Actualizado el 19/08/2022

ISHR
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