Afganistán

Estado: proceso o política abandonados

En Afganistán se introdujo en 2020 un decreto para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). Debido a la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, el decreto ha quedado sin efecto. Desde la toma del poder, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos se ha deteriorado rápidamente.

A finales de 2020, el Presidente de la República Islámica de Afganistán promulgó un Decreto para proteger a los/as DDH, creando una “Comisión Conjunta para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos” bajo la presidencia del Profesor Sarwar Danish, Segundo Vicepresidente. El decreto sienta las bases para la protección de las personas defensoras, pero no explica cómo deben aplicar sus disposiciones los funcionarios del gobierno. Y lo que es más importante, después de que las fuerzas estadounidenses abandonaran Afganistán en 2021, los talibanes suspendieron el orden constitucional preexistente en el país. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) fue disuelta y su personal en el país sigue amenazado. Las organizaciones de la sociedad civil piden la protección urgente de las personas defensoras de los derechos humanos en Afganistán (FIDH, Amnistía Internacional).

Afganistán está vigilado por la Relatora Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Sin embargo, dado que los talibanes no son un gobierno formalmente reconocido, es difícil que se produzcan conversaciones o negociaciones formales. La Relatora ha hecho pública una declaración en la que pide una respuesta coordinada de la comunidad internacional. La declaración subraya el clima de miedo impuesto por los talibanes a las personas defensoras de los derechos humanos y destaca testimonios ilustrativos de la opresión en el país.

Afganistán está obligado a redactar un informe nacional a través del Examen Periódico Universal, cuyo último informe se presentó en 2018. En su informe, el gobierno de Afganistán subrayó su voluntad de mejorar la protección de las personas defensoras y acogió con satisfacción las peticiones de la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. En una nota verbal de 2017, el gobierno afgano se declara comprometido a “establecer un sistema adecuado de intercambio de información sobre las amenazas a los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos a nivel provincial” y solicitó una visita oficial de la Relatora Especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. Afganistán cumplió este compromiso mediante el Decreto y la Comisión Conjunta para la protección de los defensores de los derechos humanos antes mencionados, pero estos esfuerzos se abandonaron por completo en 2021.

Afganistán está clasificado como “reprimido” por el monitor CIVICUS 2022, lo que significa que el espacio cívico está “significativamente restringido“. El Índice Freedom House no dispone de datos sobre Afganistán. Son motivo de preocupación la opresión y la violencia de las autoridades actuales, así como las crecientes restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas en el país.

Actualizado el 20/01/2023