Grecia

Estado: debate publico o con sociedad civil

En Grecia no existe una política pública para las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o las personas defensoras). Por el contrario, las ONG y las personas defensoras se ven obstaculizadas por numerosas leyes restrictivas y se enfrentan a ataques por parte de funcionarios del gobierno. Según la ENNHRI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos griega aprobó un proyecto de ley sobre “Reconocimiento y protección de las personas defensoras de los derechos humanos”, pero este proyecto no se ha incluido en ningún debate gubernamental hasta la fecha[1].

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las personas defensoras en Grecia se enfrentan a fuertes limitaciones en su trabajo. En particular, las personas defensoras que trabajan por los derechos de los refugiados, los migrantes, los solicitantes de asilo y la inclusión social se ven afectadas por restricciones legales como las Leyes 4636/2019 y 4686/2020, que les exigen ser aprobados y registrados por el Ministerio de Migración y Asilo antes de llevar a cabo su trabajo. La sociedad civil ha abordado esta cuestión mediante contribuciones a los Mecanismos Especiales de la ONU y publicando una declaración conjunta en 2020, pero aún no se han tomado medidas para mejorar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y su trabajo en Grecia. La situación de las personas defensoras es supervisada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Red contra la Violencia Racista.

Como todos los países del mundo, la situación en Grecia es supervisada por la Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos. La Relatora Especial recibió una respuesta a su petición de aportaciones de las ONG griegas en relación con su informe anual de 2022 sobre las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en favor de los derechos de les refugiades, les migrantes y les solicitantes de asilo. La situación en Grecia también se destaca en el informe temático de la Relatora sobre la lucha de las personas defensoras contra la corrupción.

Grecia también es supervisada por el Examen Periódico Universal (EPU). En el último informe de 2022, no se hizo mención alguna a las personas defensoras. Sin embargo, se recibieron seis recomendaciones que fueron apoyadas por el gobierno de Grecia para mejorar la protección de las personas defensoras en Grecia a través de la creación y mejora de políticas públicas. Esto debería significar que se tomarán medidas en los próximos cuatro años, antes de la próxima revisión.

El monitor 2022 de CIVICUS clasifica el espacio cívico en Grecia como “reducido“, lo que significa que el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos se ve “obstaculizado por el acoso, la detención o la agresión ocasionales de personas consideradas críticas con quienes ostentan el poder“. Entre los motivos de preocupación se encuentran los procesos judiciales contra personas defensoras, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y el aumento del número de demandas SLAPP (Pleito estratégico contra la participación pública) contra personas defensoras de los derechos humanos.

[1] Por el momento, no hemos encontrado el documento ni una declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos griega que lo confirme. Si tienes más información, envía un correo electrónico a focus@protectioninternational.org.

Actualizado el 12/01/2023