De la sentencia a la acción: La Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos (DDH) es el instrumento vital con el que Guatemala comienza a saldar una deuda histórica.
El origen: Un caso de impunidad
El 20 de diciembre de 2004, asesinaron a Florentín Gudiel, un valiente defensor de los derechos humanos. Desafortunadamente, las autoridades no hicieron lo suficiente para encontrar a los culpables. Por eso, el emblemático caso «Defensor de Derechos Humanos y otros vs Guatemala» llegó a La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que ordenó al Estado Guatemalteco la creación de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos.
La Corte IDH ha ido construyendo una importante línea de jurisprudencia —y documentación asociada— sobre políticas públicas, mecanismos y protocolos de protección de personas y colectivos defensores de los derechos humanos.
Entre las sentencias más relevantes destacan, entre otras, la de Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala (2014), Luna López vs. Honduras (2013, con CEJIL) y Yarce y otras vs. Colombia (2016). En los tres casos se incorporaron aportes clave sobre políticas públicas para protección de DDH derivados de peritajes de Protection International, realizados por Enrique Eguren, experto en protección de DDH, a petición de las organizaciones acompañantes (CEJIL, UDEFEGUA y la CIDH, respectivamente).
¡Una política por fin es una realidad!
El Estado de Guatemala finalmente presentó la Política el pasado 13 de noviembre de 2025. La existencia de la Política Pública no es opcional, sino el resultado directo y obligatorio de la condena impuesta por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) junto con la sociedad civil guatemalteca, las comunidades de personas defensoras del país, y la comunidad internacional.
“Las personas defensoras de derechos humanos no son adversarias, son aliadas de la democracia”.
Ministro de Gobernación en el acto de presentación de la Política
Desde 2015, Protection International (PI) ha estado activamente involucrada en el monitoreo y participación de los procesos de la Política Pública en Guatemala, como miembro del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (FONGI). Adicionalmente, la Mesa de Protección de PI en Guatemala ha promovido discusiones clave para asegurar que la política pública responda a las necesidades de las comunidades más afectadas, incluyendo a las comunidades indígenas rurales y a la diversidad de personas defensoras en el país.
Los pilares principales de la política pública para las personas defensoras de los DDHH son:
- Prevención: Trabajar para que los riesgos y amenazas no ocurran.
- Atención y Protección: Dar apoyo directo a las personas y organizaciones DDH.
- Acceso a la Justicia: Asegurar que los crímenes no queden impunes, como una forma de no repetición y reparación.
A pesar de este avance en las medidas de protección estructural, los y las periodistas en Guatemala aún no han recibido el mismo nivel de protección. Desde 2012 está pendiente la creación de un mecanismo estatal destinado a proteger a los y las periodistas. Tras la aprobación de la Política Pública para Defensores de Derechos Humanos, las autoridades gubernamentales guatemaltecas reafirmaron su compromiso de promover la creación de un plan específico de protección para los y las periodistas de Guatemala.
Encuentra el texto completo de la Política Pública para las Personas Defensoras en este enlace: https://mingob.gob.gt/politica-publica-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos-en-guatemala/
