Moldavia

Estado: Proceso o política abandonada

Moldavia no tiene ninguna política para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. La sociedad civil elaboró un proyecto de ley, pero sigue pendiente en el Parlamento desde 2018. Por tanto, este proceso se considera abandonado. Mientras tanto, la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos de Moldavia se enfrentan a campañas de difamación, estigmatización y restricciones legales que limitan su derecho a defender los derechos humanos.

En Moldavia, los debates sobre las políticas públicas de protección de las personas defensoras de los derechos humanos están dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. La Oficina del Defensor del Pueblo elaboró en 2020 un proyecto de ley sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, pero el gobierno no hizo ningún comentario ni seguimiento de la iniciativa. En cambio, las autoridades han dado pasos atrás en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil, al introducir leyes restrictivas como la ley de 2020 sobre instituciones audiovisuales, que rompe el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las fuentes de los periodistas. En 2020 se aprobó una nueva ley que pretende regular la colaboración de las ONG con los partidos políticos, y ha sido el centro de una gran controversia.

Moldavia recibió en 2018 una visita al país de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, cuyo informe puede consultarse aquí. El informe incluye hechos preocupantes como la detención arbitraria masiva y la tortura de defensores de los derechos humanos por parte de agentes del orden en torno a las elecciones de 2009. El Estado de Moldavia presentó una respuesta a este informe, mencionando avances como la redacción del tercer Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos en colaboración con actores de la sociedad civil y un “mecanismo nacional que se encargará de coordinar la elaboración y aplicación de la política de derechos humanos”. No se menciona ninguna política específica para las personas defensoras de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian problemas de acceso a la financiación por parte del gobierno, a pesar de que, según las autoridades, existe un sistema (informe del Relator Especial de la ONU, párrafo 21). La última comunicación sobre violaciones de derechos humanos contra defensores publicada por el Relator Especial de la ONU data de 2015.

Moldavia también es objeto de seguimiento a través del Examen Periódico Universal (EPU). En el último informe del EPU de 2021, se subrayan varios esfuerzos, como la recién adoptada ley de ONG y la Estrategia de Desarrollo de la Sociedad Civil para 2018-2020, pero no contienen ninguna medida específica para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Además, el informe también menciona los continuos ataques contra defensores de los derechos humanos, así como la negativa de ciertas autoridades a debatir casos de alto perfil. Moldavia recibió y apoyó varias recomendaciones para aumentar el apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos en el país, pero se limitó a tomar nota de una recomendación que pedía una política de protección específica para las personas defensoras de los derechos humanos, presentada por España.

El monitor CIVICUS califica a Moldavia de “restringida”, lo que significa que “aunque el Estado permite a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil ejercer sus derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión, también se producen violaciones de estos derechos“. Entre los motivos de preocupación se encuentran las normativas cada vez más estrictas para las ONG y los periodistas y el trato preferente a las ONG que actúan a favor del gobierno en materia de financiación.

Actualizado en 01/2023