Perú: Nuevo esfuerzo para defender a las personas defensoras

Perú ha sido durante mucho tiempo uno de los países más peligrosos del mundo para los y las activistas y líderes indígenas. Al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados allí entre 2002 y 14, según Global Witness, con la muerte a tiros de cuatro líderes indígenas ashaninkas en la selva de Ucayal.

Este año han sido asesinados/as tres activistas indígenas en Perú: Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonsano de Ucayali, y Estela Casanto Mauricio de Junín, según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía. Forman parte de los 19 indígenas asesinados/as en la región en 2021.

Los y las activistas de todo el mundo siguen llorando el asesinato de Roberto Pacheco. El hijo de Demetrio Pacheco, de 34 años, fue asesinado a tiros en septiembre de 2020 en el bosque que él y su familia protegen de los madereros. Su padre es un líder del Comité de Gestión Tambopata, que trabaja para oponerse a la minería ilegal de oro en la región de Madre de Dios.

“Durante años, Roberto ayudó a su padre a proteger el bosque”, explica Liliana Jauregui, del Comité Nacional Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). “Ambos plantearon el problema de los intrusos durante años, pero las autoridades no tomaron medidas”.

La última medida oficial para proteger a los y las activistas en Perú se tomó el pasado mes de abril. Un nuevo decreto supremo estableció un sistema de tipo de protección de los denunciantes conocido como Mecanismo intersectorial de protección de las personas defensoras de los derechos humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros siete organismos federales supervisan un programa para evitar represalias, intervenir rápidamente si alguien está en peligro y proporcionar acceso a la justicia. Las personas en peligro pueden recibir seguridad personal y ser ubicadas en casas de seguridad.

Hasta julio, el Ministerio de Justicia había recibido 15 solicitudes de protección, más de la mitad procedentes de personas defensoras del medio ambiente o de indígenas. Se aprobaron cuatro solicitudes, cuyos detalles se mantienen en secreto para proteger a los y las activistas.

“Las herramientas están ahí. Ahora hay que hacerlas funcionar efectivamente con recursos y capacidades, para no tener que lamentar más muertes”, dijo Silvana Baldovino, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en el portal de noticias Actualidad Ambiental. “Este mecanismo nos da esperanza y fuerza para seguir trabajando juntos para proteger y salvaguardar la vida y los derechos de los y las activistas”.

Daniel Sánchez, ex funcionario del Ministerio de Justicia que ahora trabaja en el Instituto de Debate y Desarrollo, dijo a Actualidad Ambiental que el Decreto obliga a la policía a intervenir rápidamente cuando un defensor de los derechos humanos está en peligro. Según el Decreto, los activistas medioambientales y los conservacionistas -incluidos los indígenas que protegen sus tierras- son considerados personas defensoras de los derechos humanos.

El Decreto se presentó en septiembre en el Congreso Mundial de Conservación de la IUCN, que se celebra cada cuatro años en Marsella. En el evento, al que asistieron 6.000 personas y 3.500 más por Internet, los miembros de la IUCN aprobaron una resolución sobre la protección de los y las denunciantes y las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos. Esto siguió a las cuatro resoluciones de la IUCN aprobadas en enero en apoyo de los programas de recompensa a los y las denunciantes, y de la protección, la habilitación y la incentivación de los denunciantes de la vida silvestre y los recursos naturales.

El profesor de la Universidad de Ginebra Peter Larsen destacó en el Congreso de la IUCN el creciente problema de las amenazas a los y las activistas. Según la encuesta mundial realizada por Larson entre 249 miembros de la IUCN, un tercio de los encuestados afirmó que el trabajo de conservación se ha vuelto menos seguro. La mitad de los encuestados de las ONG de Europa del Este y Asia del Norte/Central afirmaron haber sido atacados, amenazados o intimidados, según la encuesta.

Encuentren el artículo original aquí en inglés (Whistleblower Network News).