Santiago, 6 de octubre de 2025
El próximo martes 7 de octubre, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional de Chile discutirá y someterá a votación el Proyecto de Ley sobre Protección de Personas Defensoras del Medio Ambiente (Boletín 16.886-12), que comenzó su tramitación 16 meses atrás.
El proyecto de ley tiene por objeto reconocer y proteger a las personas que defienden el medio ambiente en Chile y que por hacerlo son víctimas de agresiones físicas y actos intimidatorios. Esto incluye a dirigentes vecinales que denuncian vertederos ilegales, organizaciones que denuncian tala ilegal de bosque nativo o personas comunes que visibilizan los problemas ambientales de sus comunidades, enfrentando por ello un riesgo diferenciado y particular.
Este proyecto fija definiciones claras (como quiénes son las personas defensoras, qué es una agresión y qué es un entorno seguro). También enumera principios rectores como igualdad, prevención, buena fe, coordinación interinstitucional y equidad intergeneracional, para guiar la implementación de la Ley. Estos principios van en línea con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que el país firmó en 2022 y cuya implementación sigue en ciernes, acuerdo con la investigación de la ONG Escazú Ahora.
Esta es la primera vez que se discute, por vía legislativa, la protección de personas defensoras del ambiente. El debate se da en el contexto en que la desaparición de la defensora mapuche Julia Chuñil ha dado la vuelta al mundo y dejado al descubierto la falta de mecanismos apropiados para prevenir, proteger y reparar a quienes enfrentan actos de violencia en el contexto de la defensa ambiental.
De acuerdo a la organización Global Witness, entre 2012 y 2024 se asesinaron a más de 2.253 defensores del medio ambiente en el mundo. Alrededor del 80% de los casos documentados son de América Latina. Chile no es la excepción: según el último informe Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se documentaron más de 80 agresiones contra 47 defensores ambientales en el país, las que incluyen campañas de desprestigio, amenazas de muerte y, por sobre todo, agresiones físicas (48,9%).
Las organizaciones firmantes instamos al Estado de Chile, a través de su poder legislativo, a aprobar este proyecto que está en línea con los compromisos asumidos para crear una gobernanza ambiental en el país. Solicitamos que la discusión se enmarque en la importancia de reforzar la protección de quienes ejercen un rol que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido fundamental para la democracia.
Por último, conminamos al Congreso a poner a quienes están en primera línea defendiendo el territorio, los bienes comunes y el ambiente al centro de la discusión, asegurando que la normativa se ajuste a sus necesidades y a los estándares internacionales que Chile ha asumido de manera voluntaria.
Firman:
– Amnistía Internacional – Chile
– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
– Fundación Escazú Ahora Chile
– Front Line Defenders
– Greenpeace en Chile
– Protection International
